La Asamblea Nacional (AN) dio por concluido el proceso de creación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, la cual, busca eliminar el cobro excesivo de impuestos desde las alcaldías hacia las empresas privadas.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, detalló en una rueda de prensa que esta nueva legislación fue solicitada desde hace meses atrás por los pequeños y grandes empresarios del país, quienes aseguraban que los impuestos habían sufrido un alza por parte de los gobiernos municipales.
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“Esto al final termina encareciendo al comerciante, termina encareciendo al pueblo. Se estableció un máximo, 3 %. Joyerías, licores y fabricación de cigarrillos un máximo de 6,5 %”, expuso.
Destacó que la ordenanza protegerá a los comerciantes y ciudadanos, además de permitir que aumente la recaudación tributaria justa. “Con esta Ley se ha puesto orden, se ha realizado la simplificación en los trámites y se reducen los costos de la vida diaria de ciudadanos y ciudadanas”, aseguró.
Afirmó que la simplificación de los trámites busca “eliminar la lentitud en el desarrollo de la vida económica de un Estado o un municipio y también a la posibilidad de corrupción porque si hay tantas alcabalas para cumplir con un simple trámite, entonces eso da cabida” a este tipo de hechos irregulares.
En la explicación de todos los capitulos que comprenden la recién aprobada ley, apuntó que las licencias para actividades económicas tendrán una duración de tres años.
Las excepciones de pago serán aplicadas las gestiones de desechos y residuos sólidos, materiales provenientes de esos residuos sólidos, que se fundamentará en la ayuda de comerciantes que permitan a la población el acceso a los materiales construcción de forma económica.
Otro de los elementos mencionados es la creación de un Consejo Superior de Armonización Tributaria, integrado por gobernadores, alcaldes, representantes de la sociedad civil y el órgano rector será el Ejecutivo Nacional.
Rodríguez precisó que las alcaldías y gobernaciones tendrán 90 días para adaptar esta nueva Ley a sus ordenanzas.
Con información de Versión Final
