Comerciantes y emprendedores del Litoral Central han expresado su inconformidad respecto a la reciente regulación de los servicios a domicilio (delivery), publicada en la Gaceta Oficial el pasado 5 de febrero, medida donde se establece un nuevo impuesto del 1% sobre todas las encomiendas realizadas a través de aplicaciones digitales, además, de un impuesto de $300 por parte del comerciante, para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Este anuncio, que apenas se está dando a conocer a pesar de su fecha de publicación, ha generado confusión y descontento entre muchos comerciantes, quienes argumentan que la mayoría de los repartidores no pertenecen a la empresa, sino que prestan un servicio independiente.
Quienes hacen uso de este servicio en sus comercios, asoman que podrían prescindir de esta figura, situación que ya está generando preocupación en un gran número de trabajadores del sector, pues la medida, que aparentemente busca simplificar las operaciones comerciales, podría tener un impacto significativo en la estabilidad laboral de quienes se dedican al servicio de delivery.
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Gran parte de los que prestan este servicio, hasta el momento desconocen en profundidad la creación de esta nueva ley; sin embargo, se muestran preocupados, pues aseguran que el margen de ganancia que obtienen diariamente no les da para cubrir un impuesto de tal magnitud, “prefiero dejar de trabajar como delivery”, comentó Julio Montoya, quien es repartidor en Maiquetía.
Este registro será manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas deberán pagar un costo de $300 para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio. Asimismo, se estableció un pago anual de $240 por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluye una multa de $6000 a los operadores que reinciden en el incumplimiento de los lineamientos.
Por: Maximiliano Rumbos / Bárbara Indriago
